La disputa surgió en relación con un Otrosí al contrato minero de la mina Calenturitas, firmado en 2010 por Prodeco e Ingeominas. En 2015, la Contraloría General de la República sostuvo que dicho Otrosí era perjudicial para Colombia y en virtud de ello ordenó a Prodeco pagar aproximadamente US$19,1 millones en concepto de supuesta responsabilidad fiscal para el año calendario 2010.

El Tribunal CIADI estableció que la decisión de la Contraloría General de la República del 2015 fue una medida no razonable que perjudicó la inversión de Glencore y Prodeco en Colombia y que violó el estándar de trato justo y equitativo establecido por el tratado de inversión suscrito entre Suiza y Colombia.

Con base en ello, el Tribunal ordenó a Colombia a pagar a Prodeco el monto de US$19,1 millones (más intereses) además de reembolsar a Glencore y Prodeco más de US$2 millones en concepto de costas del arbitraje. El Tribunal sostuvo que Colombia (incluyendo a la Contraloría) debe abstenerse de repetir la misma conducta indebida en el futuro.

El Tribunal consideró innecesario referirse al pedido subsidiario de Prodeco consistente en que Colombia pagara unos US$600 millones en caso de persistir en su conducta violatoria del tratado.

Para Glencore y Prodeco es muy importante que esta disputa haya sido resuelta y esperan continuar desarrollando sus inversiones de largo plazo en Colombia para el beneficio del pueblo colombiano y la economía del país, en coordinación con el Gobierno Nacional.